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Rucalhue: Más que un atentado incendiario, un atentado medioambiental del gobierno.

  • Foto del escritor: Cristóbal Millas
    Cristóbal Millas
  • 26 abr
  • 11 Min. de lectura

El ministro Diego Pardow, otro de los amigos del presidente que ha dejado mas que desear y la trama detrás de un escándalo que cruza países y continentes.


Introducción

El proyecto de la Central Hidroeléctrica Rucalhue, ubicado en el corazón del Río Biobío en Chile, ha desatado una controversia que trasciende las fronteras nacionales. Lo que inicialmente parecía un simple conflicto por un atentado a maquinaria en el sitio de construcción se ha transformado en un escándalo que involucra violaciones legales, corrupción transnacional y una devastación ambiental sin precedentes. Este artículo, basado en una exhaustiva investigación de fuentes confiables, explora cómo el gobierno chileno, bajo la influencia de intereses corporativos extranjeros, ha priorizado los beneficios económicos sobre la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. En el centro de esta trama se encuentra el ministro de Energía, Diego Pardow, acusado de manipular procesos legales para favorecer a Rucalhue Energía SpA, una empresa propiedad de la estatal china China International Water & Electric Corporation (CWE), filial de la controvertida China Three Gorges Corporation (CTG).

A lo largo de este análisis, se expondrán los detalles del proyecto, las irregularidades legales, el impacto ambiental, la resistencia de las comunidades mapuche y locales, y los antecedentes globales de corrupción y daño ambiental asociados con CWE y CTG. Este caso no solo pone en tela de juicio la gestión del gobierno chileno, sino que también refleja un problema global: la depredación ambiental y la corrupción en megaobras hidroeléctricas lideradas por empresas transnacionales.


Capítulo 1: El Proyecto Rucalhue y su Contexto

1.1. Origen y Características del Proyecto

La Central Hidroeléctrica Rucalhue, propuesta por Rucalhue Energía SpA, busca ser la quinta central hidroeléctrica en el Río Biobío, una de las cuencas más importantes de Chile. El proyecto, aprobado inicialmente en 2018 durante el gobierno de Sebastián Piñera, tenía un plazo de ejecución de 35 meses, con una fecha de expiración en 2023. La central, con una capacidad proyectada de 90 MW, implicaría la construcción de una represa y la intervención de ecosistemas críticos, incluyendo bosques nativos y hábitats de especies protegidas.

Central Hidroeléctrica Rucalhue
Central Hidroeléctrica Rucalhue

El Río Biobío, conocido por su riqueza ecológica y cultural, ha sido históricamente un punto de conflicto debido a la construcción de centrales hidroeléctricas como Pangue, Ralco y Angostura. Estas obras han generado desplazamientos de comunidades mapuche, pérdida de biodiversidad y alteraciones en los flujos hídricos, lo que convierte a Rucalhue en un proyecto particularmente sensible.


1.2. La Empresa Detrás del Proyecto: Rucalhue Energía SpA

Rucalhue Energía SpA es una filial de China International Water & Electric Corporation (CWE), que a su vez pertenece a China Three Gorges Corporation (CTG), una de las mayores empresas estatales chinas dedicadas a la construcción de infraestructura hidroeléctrica. CTG es conocida por liderar la construcción de la Represa de las Tres Gargantas en el río Yangtsé, la mayor represa del mundo, un proyecto que ha sido ampliamente criticado por su impacto ambiental y social.

La participación de CWE en Rucalhue ha levantado sospechas debido al historial de la empresa, que incluye acusaciones de corrupción, violaciones de derechos humanos y daños ambientales en proyectos en África, Asia y América Latina. En Chile, la empresa ha enfrentado críticas por su falta de transparencia y su intento de eludir regulaciones ambientales.

Capítulo 2: Irregularidades Legales y el Rol del Gobierno

2.1. La Extensión del Plazo de Ejecución

En 2022, a pocos meses de que el permiso de construcción de Rucalhue expirara, el ministro de Energía, Diego Pardow, tomó una decisión controvertida: extendió el plazo de ejecución del proyecto de 35 a 65 meses. Esta medida, que permitió a la empresa continuar con el proyecto, fue vista como un intento de salvar una iniciativa que enfrentaba serias dificultades legales y técnicas.

La extensión del plazo fue acompañada por un esfuerzo del ministro para declarar el proyecto de "interés nacional", una designación que otorgaría a Rucalhue Energía SpA la autorización para talar bosques nativos y intervenir hábitats protegidos. Sin embargo, esta maniobra enfrentó una fuerte oposición de comunidades mapuche, ambientalistas y autoridades locales, quienes presentaron un recurso de reposición para anular la extensión.

Diego Pardow Lorenzo. MINISTRO DE ENERGÍA
Diego Pardow Lorenzo. MINISTRO DE ENERGÍA

2.2. La Respuesta del Ministro Pardow

El ministro Pardow no solo rechazó el recurso de reposición, sino que también demoró su respuesta deliberadamente, según denuncias de los opositores al proyecto. Esta demora permitió a Rucalhue Energía SpA avanzar en los trámites para obtener la declaratoria de interés nacional, un paso crucial para justificar la tala de bosques nativos. Esta acción fue vista como una clara muestra de favoritismo hacia la empresa, en detrimento de los intereses de las comunidades locales y la protección ambiental.


2.3. La Declaratoria de Interés Nacional

En mayo de 2024, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) emitió la Resolución N.º 982/2023, declarando que el proyecto Rucalhue era de interés nacional. Esta resolución, respaldada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Ministerio de Energía, autorizó la intervención del hábitat de especies en categoría de conservación, incluyendo la tala de bosques nativos protegidos por la Ley 20.283.

Sin embargo, la resolución ha sido ampliamente cuestionada por violar la normativa chilena. La Ley 20.283 exige que cualquier autorización para talar bosques nativos esté respaldada por fundamentos técnicos sólidos y un proceso de consulta indígena, requisitos que no se cumplieron en este caso. Además, la declaratoria de interés nacional contradijo evaluaciones previas de cinco organismos estatales, que en 2022 concluyeron que el proyecto no cumplía con los criterios para ser considerado de interés nacional.


2.4. Violaciones de Normas Internacionales

El proyecto Rucalhue también ha sido señalado por violar acuerdos internacionales suscritos por Chile, incluyendo:

  • Convenio 169 de la OIT: Este convenio obliga a los Estados a realizar consultas previas, libres e informadas a los pueblos indígenas afectados por proyectos que impacten sus territorios. En el caso de Rucalhue, no se realizó ninguna consulta indígena, a pesar de que el proyecto afecta directamente a comunidades mapuche en Quilaco, Santa Bárbara, El Junquillo y Alto Biobío.

  • Acuerdo de Escazú: Este tratado, ratificado por Chile, garantiza el acceso a la información, la participación pública y la protección de defensores ambientales. Los opositores al proyecto denuncian que han enfrentado represión policial, detenciones arbitrarias y querellas judiciales, lo que constituye una violación de los principios de Escazú.

  • Corte Interamericana de Derechos Humanos: La persecución de defensores ambientales en el contexto de Rucalhue ha sido denunciada como una violación de los estándares establecidos por la Corte, que protege el derecho a la defensa del medio ambiente.

Estas irregularidades han generado una creciente indignación entre las comunidades afectadas y han puesto en evidencia la falta de compromiso del gobierno chileno con sus obligaciones internacionales.

Capítulo 3: Impacto Ambiental y Social

3.1. Tala Ilegal de Bosque Nativo

En 2022, CONAF comprobó la tala ilegal de bosque nativo en el área del proyecto Rucalhue. Esta acción, realizada sin autorización, afectó especies protegidas y hábitats críticos para la biodiversidad del Río Biobío. A pesar de las evidencias, Rucalhue Energía SpA negó su responsabilidad y solicitó una autorización excepcional para continuar con la tala, amparándose en la futura declaratoria de interés nacional.

La tala de bosques nativos no solo representa una pérdida irreparable de biodiversidad, sino que también contribuye a la degradación de los ecosistemas locales, afectando la calidad del agua, la estabilidad del suelo y los servicios ambientales que proveen estos bosques.

3.2. Impacto en las Comunidades Mapuche

Las comunidades mapuche de la zona han sido las más afectadas por el proyecto Rucalhue. La construcción de la central amenaza sus territorios ancestrales, sus medios de subsistencia y su relación cultural con el Río Biobío, considerado un elemento sagrado en su cosmovisión. La falta de consulta indígena ha exacerbado las tensiones, generando un sentimiento de exclusión y vulneración de derechos.

Además, los opositores al proyecto han denunciado una campaña de represión por parte de Rucalhue Energía SpA, que incluye el uso de fuerza policial, detenciones de menores y querellas judiciales contra líderes comunitarios y defensores ambientales. Actualmente, 11 querellas están en trámite, lo que refleja el intento de la empresa de silenciar la resistencia.


3.3. Consulta Ciudadana en Quilaco

En 2021, la municipalidad de Quilaco realizó una consulta ciudadana no vinculante para conocer la opinión de la comunidad sobre el proyecto Rucalhue. El resultado fue contundente: el 90% de los participantes rechazó la construcción de la central hidroeléctrica, citando preocupaciones ambientales, sociales y culturales. A pesar de este claro mensaje, el gobierno y la empresa han ignorado la voluntad de la comunidad, profundizando el conflicto.

Quilaco, provicncia de Biobío
Quilaco, provicncia de Biobío

Capítulo 4: El Historial de CWE y CTG

4.1. China Three Gorges Corporation: Un Gigante Controversial

China Three Gorges Corporation (CTG) es una de las empresas estatales más poderosas de China, conocida por su papel en la construcción de la Represa de las Tres Gargantas, un proyecto que marcó un hito en la ingeniería moderna, pero también un desastre ambiental y social. La represa, ubicada en el río Yangtsé, desplazó a más de 1,2 millones de personas, sumergió 12 ciudades, 36 pueblos y 1,300 sitios arqueológicos, y provocó la extinción de especies como el delfín baiji.

El impacto ambiental de la represa incluye la alteración de los ecosistemas del Yangtsé, deslizamientos de tierra, sedimentación excesiva y contaminación del agua. Además, CTG ha sido acusada de malversar fondos destinados al reasentamiento de las comunidades desplazadas, lo que generó protestas y críticas internacionales.

En mayo de 2024, el presidente de CTG, Cao Guangjing, fue condenado a cadena perpetua por corrupción y filtración de información privilegiada, un caso que puso en evidencia las prácticas poco transparentes de la empresa.


4.2. Corrupción y Sanciones Internacionales

CTG y su filial CWE han enfrentado múltiples acusaciones de corrupción en proyectos internacionales. En 2014, el Banco Mundial sancionó a CWE con una suspensión de tres años de cualquier proyecto financiado por la institución, tras descubrir que la empresa presentó información falsa en licitaciones para proyectos en África y el sudeste asiático.

Ese mismo año, el organismo anticorrupción del Partido Comunista chino reveló que funcionarios de CTG estaban involucrados en nepotismo, acuerdos inmobiliarios dudosos y millonarios sobornos, lo que debilitó la credibilidad de la empresa a nivel global.


4.3. Casos Emblemáticos en África y América Latina

  • Represa Souapiti en Guinea (2020): CWE desplazó a 16,000 personas de 101 aldeas sin consulta previa ni acceso a asesoría legal. Las comunidades fueron reubicadas en tierras infértiles y sin acceso al agua, lo que generó una crisis humanitaria.

  • Represa Isimba en Uganda (2019): Un año después de su inauguración, la represa presentó más de 500 fallas, incluyendo filtraciones y problemas eléctricos, lo que provocó interrupciones en el suministro eléctrico y tensiones con el gobierno ugandés.

  • Hidroeléctrica Toachi-Pilatón en Ecuador: Este proyecto, adjudicado inicialmente a la constructora brasileña Odebrecht y posteriormente vinculado a CWE, estuvo marcado por pagos sospechosos y acusaciones de corrupción. La trama en Ecuador guarda similitudes con el caso de Rucalhue, incluyendo la manipulación de procesos legales y la falta de consulta a las comunidades afectadas.


Capítulo 5: La Resistencia y el Futuro de Rucalhue

5.1. La Movilización de las Comunidades

Desde 2021, las comunidades de Quilaco, Santa Bárbara, El Junquillo y Alto Biobío han liderado una movilización masiva contra el proyecto Rucalhue. Esta resistencia, que incluye a comunidades mapuche, ambientalistas y autoridades locales, ha utilizado recursos legales, protestas pacíficas y campañas de sensibilización para visibilizar el impacto del proyecto.

A pesar de los esfuerzos de la empresa por deslegitimar a los opositores, la resistencia ha ganado apoyo a nivel nacional e internacional, con organizaciones como el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Fundación Terram denunciando las irregularidades del proyecto.


5.2. El Rol de la Justicia

La Corte de Apelaciones de Santiago jugó un papel crucial al respaldar la decisión de CONAF de no declarar el proyecto de interés nacional en una etapa inicial. Sin embargo, la posterior resolución de CONAF en mayo de 2024, que contradijo esta postura, ha generado nuevas demandas judiciales por parte de los opositores, quienes buscan anular la autorización para talar bosques nativos.


5.3. Perspectivas Futuras

El caso de Rucalhue representa un punto de inflexión para la política energética y ambiental de Chile. Por un lado, pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de consulta indígena y participación ciudadana en proyectos de gran escala. Por otro lado, destaca la importancia de alinear las políticas nacionales con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y protección ambiental.

El futuro del proyecto dependerá de la capacidad de las comunidades y sus aliados para mantener la presión sobre el gobierno y la empresa, así como de las decisiones que tomen los tribunales chilenos en los recursos pendientes.


El proyecto de la Central Hidroeléctrica Rucalhue no es solo un caso de conflicto ambiental en Chile; es un reflejo de una problemática global donde los intereses económicos de empresas transnacionales, respaldadas por gobiernos complacientes, prevalecen sobre los derechos de las comunidades y la protección del medio ambiente. La intervención del ministro Diego Pardow, la manipulación de procesos legales y la participación de una empresa con un historial de corrupción como CWE/CTG han convertido a Rucalhue en un símbolo de resistencia y lucha por la justicia ambiental.


Las comunidades mapuche, los ambientalistas y los ciudadanos de Quilaco han demostrado que la defensa del territorio y la biodiversidad es una causa que trasciende fronteras. Su lucha no solo busca detener un proyecto devastador, sino también sentar un precedente para que los futuros desarrollos respeten las leyes, las culturas y los ecosistemas que sustentan la vida. En un mundo donde las megaobras hidroeléctricas continúan amenazando los ecosistemas más vulnerables, el caso de Rucalhue nos recuerda la importancia de la vigilancia ciudadana y la acción colectiva para construir un futuro sostenible.



Cristóbal Millas / POST𐤀



Fuentes:

Instituto Chileno de Derecho Ambiental Comparado (ICLAC). (2024). Policy Paper ICLAC-2.

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